En la historia universal, la referencia a “Leonardo”, a secas, nos lleva al portento de Vinci, en los extramuros de Florencia, al hombre del renacimiento, al polímata…, al sabio. En nuestra historia, una alusión a “Álvaro”, a secas, nos remite sin atajos al mártir del 2 de noviembre de 1995; Álvaro Gómez Hurtado, uno de esos seres “enciclopédicos”, excepcionales, que brotan de tiempo en tiempo para iluminar la penumbra de la cotidianeidad humana.

La hermosa alcancía metálica de “La Caja Agraria”, que fuera símbolo del ahorro en Colombia, hace parte de mis recuerdos de infancia. “La Caja”, una entidad querida por los colombianos, en buena hora perdió sus apellidos de “Industrial y Minera” para concentrarse en el sector agropecuario, pero en mala hora se ganó un lugar en la narrativa de la corrupción en Colombia, hasta su liquidación en 1999.

Me pregunto cuántas personas, entre los miles que salieron a marchar el 25 de abril, habrán leído el proyecto del Plan de Desarrollo y, entonces, se sienten justificados para protestar en su contra.

"El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga". Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: "Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.

El de las objeciones es un debate torticero, porque, sencillamente, una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador para revivir la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la presunta destrucción del Acuerdo –una mentira– y un eventual regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.

Una justicia transicional para la reinserción de las Farc era legítima, pero no el esperpento de “justicia especial” que socavó las instituciones, permitió impunidad para décadas de crímenes de lesa humanidad y, de contera, en su corta vida se tiño de mentira y escándalo. Breve historia:

El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”, señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” –como si no existiera el sector pecuario– y que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la pesca de cultivo.

El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.

Coherentes –como hace mucho no lo eran– han sido las decisiones y acciones de política exterior de Iván Duque. El ELN no podía llamarse a engaño si no renunciaba al secuestro, al terrorismo y a todas sus actividades criminales como condición sine qua non para cualquier posibilidad de negociación. No era una condición advenediza, sino clara desde la campaña y desde su posición política en el Congreso.

Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento en armas contra un Gobierno también legítimo. Por eso no se negociaron solamente las condiciones de entrega y reinserción con justicia “transicional”, sino que esos “rebeldes legitimados” recibieron tratamiento de alta parte negociadora para modificar las instituciones y el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba y legitimaba su “insurgencia”.