Después de décadas de secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal, entre otros delitos, las Farc amasaron una inmensa fortuna, pero hoy pregonan su pobreza para hacerle otro conejo al país y convertir el Acuerdo Final en una gran operación de lavado de activos.

En cumplimiento de las exigencias de las Farc en el Acuerdo Final, y por la vía fácil del fast track, el Gobierno expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, con un título irrepetible por su extensión y su estilo cantinflesco –muy a lo Farc–, como queriendo esconder entre tanta palabra su verdadero objetivo. No hay duda, la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales…” es otro asalto a las instituciones democráticas por una sencilla razón: porque ese objetivo, con su largo etcétera, es obligación constitucional exclusiva de la Fiscalía General de la Nación

Si Proust hubiera escrito hoy su obra maestra, bien habría podido inspirarse en la historia colombiana, con sus vueltas de noria para llegar al mismo punto, como buscando el tiempo perdido sin encontrarlo.

Me he puesto a comparar el proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales” con la Ley habilitante de Chávez en 2010 para la reforma agraria, y la sorpresa fue alta por las muchas similitudes y coincidencias. Y ya conocemos sus resultados: 7 millones de hectáreas expropiadas, hato reducido a la mitad, economía rural colapsada y hambruna en un país inmensamente rico.

La respuesta valiente y multitudinaria de la oposición en Venezuela, que se le reprime, se arresta y se asesina, contrasta con las manifestaciones oficialistas reforzadas por los empleados públicos so pena de perder sus trabajos, de los beneficiarios de las misiones, y de los militares consentidos del régimen.

La política exterior de Estados Unidos ha dado un viraje de 180 grados. Es una realidad que afecta a los mismos Estados Unidos, al mundo entero y, por supuesto, a Latinoamérica.

Vuelve a ponerse sobre el tapete una vieja propuesta de Fedegán de llegar a un mejor entendimiento entre productores y procesadores de leche, a través de los contratos de proveeduría.

Se fijaron fechas para el “Día D”, la reubicación y el desarme, pero no estuvieron listas las zonas, ni los campamentos, ni los contenedores. Y en ese ambiente de improvisación, Alape salió a decir que no hay que preocuparse por las fechas.

En este país de moral acomodaticia y justicia “por contexto”, muchas personas han perdido su libertad por cuenta de “personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna”.

No de otra manera puede calificarse el trhiller de Odebrecht y, ahora último, del señor Duda, a quien en mala hora contrató Óscar Iván Zuluaga, recomendado circunstancialmente por la primera como experto en mercadeo político.