Desde 2011, Fedegán fue objeto de un atropello gubernamental sin antecedentes, montado sobre mentiras y medias verdades instrumentadas desde el Ministerio de Agricultura y la Contraloría, y lo peor, con pleno conocimiento del presidente de la República.

Escribo con el deseo, pero espero, de todo corazón, que este 2017 sea un mejor año para los colombianos, así no sea el más próspero, porque la prosperidad económica de la inmensa mayoría de los que menos tienen, quedó enterrada con un incremento salarial por debajo de sus expectativas, que se allanaron hasta el 8,0 %, y aún de la oferta final de los empresarios –7,5 %–, que el Gobierno, con el sombrero de empleador bien puesto y en un hecho sin precedentes contra los trabajadores, bajó hasta el 7 % –más de 1 % por encima de la inflación, anunció con satisfacción prestada la ministra del Polo–, pero equivalente apenas a ¡$1.789 diarios!

Aunque Sor Juana Inés de la Cruz se refería a la prostitución, su famoso verso ha sido adoptado como definición de la conducta corrupta: “¿O cual es más de culpar/aunque cualquiera mal haga:/la que peca por la paga/o el que paga por pecar?”, porque la corrupción es un delito biunívoco, entre dos, es “co-hecho”, y hoy se ha convertido en global, en delito trasnacional.

Montesquieu se revuelve en su tumba cuando mira lo que le está pasando en Colombia a su teoría de tres poderes autónomos como sustento de la democracia.

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ha convocado al 35º Congreso Nacional de Ganaderos, los días 1º y 2 de diciembre en Barranquilla.

El Gobierno, con exceso de confianza, pretendió llegar al “mejor acuerdo posible” con las Farc, sin intentar primero un consenso interno, el “Acuerdo Nacional” al que me referí hace unas semanas, que fuera soporte de las negociaciones y les garantizara un verdadero blindaje, mayor inclusive al de subirlo enterito a la Constitución, porque, como dije entonces, las constituciones se modifican, pero la voluntad del pueblo desoída es la semilla de la confrontación y la negación de la paz.

Hace pocos días le preguntaron a Humberto de la Calle si Timochenko podría ser Presidente en 2018 y respondió que eso podría pasar, pero dependería de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este último condicionamiento el doctor de La Calle, de quien no se puede predicar que no conoce el Acuerdo Final, no dijo la verdad, pues por allá en el numeral 36 de la JEP, como al desgaire entre tantas y tan trascendentales transformaciones a nuestro ordenamiento democrático, quedó taxativamente expresado que: “La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política…”.

La agotadora propaganda oficial, tan tramposa como la pregunta del plebiscito, en su estrategia de explotar los sentimientos de los colombianos, muestra la opción del NO como un “salto al vacío”, con consignas “pambelianas”, como que “La paz es mejor que la guerra”, cuando no con amenazas de debacle urbana, de 50 años más de violencia, como si se pudiera acabar mañana, y también de haber logrado “el mejor acuerdo posible”, es decir, la última oportunidad. Después de eso… el vacío.

No me refiero a la milenaria peregrinación española para visitar los restos del apóstol, sino a Enrique Santiago, abogado español, no tan vistoso como Baltazar, pero quizás por ello más efectivo. Miembro del partido comunista, reconocido penalista y defensor de los derechos humanos, pero a su estilo, es decir, defensor de subversivos en todo el continente, excluyendo los derechos de los humanos víctimas de esos mismos subversivos.

El único límite a los sueños es la cruda realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y una corrupción galopante, los Acuerdos de la Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un tremendo conejo para las Farc, o apenas un montaje para pavimentar su camino de reincorporación, impunes, millonarias, con sus tierras, sus malhabidos recursos y sus derechos civiles intactos; listas para entrar a la política colombiana.