Investigación de la Superindustria preocupa en el norte de Antioquia

La Asociación Regional de Ganaderos del Norte, Asoganorte, en Yarumal, puede ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por no cumplir con la resolución 017 de 2012. El gremio se defiende y pide que se revise en detalle la situación.   Desde hace 15 años, la asociación que reúne a los pequeños lecheros de Yarumal viene siendo la encargada de acopiar el lácteo que se produce en esa zona del norte de Antioquia, con el propósito de consolidar un volumen importante y vendérselo a la gran industria en pro de obtener un mejor pago al ganadero. (Lea: ¿Grandes empresarios captan con mayor facilidad la atención de Iragorri?)   Sin embargo, desde final de 2014 y gran parte de 2015, la entidad dejó de entregarles a los productores la planilla de liquidación de pago, toda vez que en la región la seguridad empezó a complicarse y grupos armados generaron presiones para que la tarifa fuera la misma para todos así la calidad fuera inferior.   Mariano Restrepo Flórez, gerente de Asoganorte, indicó que aunque la entidad dejó de entregar dicho documento, no omitió su responsabilidad de pagar una tarifa justa a los ganaderos, buscando la tranquilidad de quienes día a día se dedican a obtener entre 30 y 40 litros diarios del lácteo.   El dirigente aseveró que tiene en su poder toda la documentación al respecto para demostrar dichos hechos, por lo que defenderá la entidad de cualquier sanción sin que antes haya un debido proceso. (Lea: Iragorri responde WhatsApp sobre situación de los lecheros)   “Simplemente por temas de seguridad y amenazas directas que recibimos nosotros en donde nos decían que no se podía pagar ese precio diferencial y que debíamos cancelarles a todos los ganaderos la misma tarifa, somos sujetos de investigación”, reveló y añadió que “esta es una zona difícil en la que mandan otros señores y no el Estado, por eso tuvimos que desmontar en su momento la planilla de liquidación”.   Asoganorte le reportó oportunamente esa situación a la Superintendencia de Industria y Comercio. Además las pruebas a la leche se venían adelantando desde 2013 en el laboratorio de la Universidad de Antioquia, y con las que se garantizaba la tarifa, tuvieron que ser desmontadas a final de 2014 y buena parte del año siguiente por cuenta de las amenazas, y solo hasta 2016 fue posible retomar el proceso.   “Jamás pagamos un precio menor al mínimo establecido en la resolución 017 de 2012. Siempre les cancelamos una tarifa justa a los productores porque no perseguimos el enriquecimiento en la intermediación de la leche. Lo que hacemos es acopiar el producto de un montón de lácteo de pequeños campesinos que no obtienen más de 30 litros diarios y hacer un volumen para podérselo vender a la gran industria”, detalló. (Lea: WhatsApp de un productor de leche al Minagricultura)   Sin embargo, lamentó lo que a su juicio es una ‘persecución’ por parte de la Superindustria a quienes hacen las actividades dentro del marco de la legalidad, pero sin castigar a los informales que le hacen daño a la cadena láctea.   La entidad espera no recibir ninguna sanción y confía que la Superintendencia adelante un proceso justo.