Presentan proyecto que protegerá a poseedores y ocupantes de buena fe

La iniciativa presentada el pasado miércoles hace un compilado de las normas en derecho que ya están vigentes en Colombia sobre el tema de tierras, pero que hasta el momento no están agrupadas ni bien aplicadas.   El proyecto de Ley fue presentado por Nohora Tovar, senadora del Centro Democrático por la Orinoquía, y pretende unificar la legislación que existe en materia agraria y así tener un solo proyecto que permita ordenar el proceso de formalización de la tierra en Colombia. (Lea: El insólito fallo de un caso de restitución de tierras)   Elmer Silva Rodríguez, presidente de la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, habló con CONtexto ganadero sobre la propuesta y develó algunas de las irregularidades que se han cometido toda vez que ha habido desconocimiento de las normas con las que cuenta el país y que se encuentran en la Constitución de 1991.   Indicó que la Constitución de 1886 incluía el artículo 31 decía que el país debía respetar la propiedad privada de acuerdo al justo título y código civil, e incluso dejaba claro que no podría haber legislaciones posteriores que desconocieran los derechos adquiridos. Ese mismo apartado está en la normatividad que rige al país (1991) en su numeral 58, allí garantiza la posesión con base en la Ley Civil e insiste en que no pueden haber normas que afecten al ciudadano en ese sentido.     Silva Rodríguez aseveró que con la creación del Incora, que luego fue Incoder y ahora es la Agencia Nacional de Tierras, se otorgaron funciones en el sentido de administrar los baldíos del país y la responsabilidad de adjudicarlos. Sin embargo, ambas entidades se dedicaron a otorgar terrenos ocupados y no zonas sin uso. (Lea: “Urge reforma de la Ley de Restitución de tierras”: María Fernanda Cabal)   La senadora Nohora Tovar y los miembros de Dignillanos durante la presentación del proyecto de Ley. Foto: Elmer Silva Rodríguez.    “Lo que en su momento hicieron esas unidades fue entregar terrenos de propiedad privada que ya habían sido explotados, ocupados y estaban siendo debidamente poseídos. Eso significa que Incoder e Incora venían realizando una función que no les correspondía porque estaban adjudicando propiedades privadas y no baldías”, argumentó.                El objetivo del proyecto de Ley presentado el pasado miércoles es dejar claro que los terrenos sin explotación son propiedad de la Nación. El presidente de Dignillanos aseveró que no se pueden seguir entregando tierras que son de propiedad privada, pero que están haciendo pasar como baldíos.   Escuche las declaraciones de Silva Rodríguez.

También pretenden darle vigencia y debida aplicación a una serie de estatutos actuales concebidos en la Constitución como es el artículo 11 de la Ley 160 de 1994, que es último relacionado sobre legislación agraria. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   “Así quedarían vigentes el artículo 2 de la Ley 4 de 1973 que revivió y mantuvo vivo al apartado primero de la Ley 200 de 1936 que dice que por mandato de la norma, se presume que no son baldíos sino de propiedad privada los terrenos que los particulares tengan en posesión, ocupación y explotación lícita”, agregó.   Ese trámite debe hacerse ante un juez agrario mediante un proceso declarativo de la propiedad, en donde entidades del Gobierno como son Ministerio de Agricultura, el Agustín Codazzi, la Procuraduría de Asuntos Agrarios y la Superintendencia de Notariado y Registro, estén presentes y puedan demostrar si determinado terreno donde hay posesión y ocupación realmente es o no un baldío.   Silva Rodríguez, que también es doctor en derecho, explicó que esa sentencia emitida por el juez del proceso debe ir acompañada con la escritura pública en donde se le ordena a la oficina de registro inscribir el predio en el folio de matrícula inmobiliaria, ya quecuando el Incoder adjudicaba terrenos no está entregando las tierras sin explotar sino las de propiedad privada, volviéndose juez y parte, afectando el debido proceso y el derecho a la defensa. (Lea: Productores del Carmen de Bolívar son víctimas de Ley de Restitución)   El proyecto será presentado ante el presidente del Senado, Óscar Mauricio Lizcano, para que conozca el propósito de la iniciativa y así se protejan los derechos de aquellos poseedores y ocupantes de buena fe.