Denuncian que bovinos fueron incautados a pesar de contar con guías

A propósito del predio que conserva reses incautadas de forma irregular en La Guajira, CONtexto ganadero conoció el caso de otros productores, a quienes les confiscaron más de 50 animales en 3 ocasiones distintas a pesar de que tenían todos sus documentos en regla.   Ryan Vicente Borrego es ganadero de Riohacha, y junto con su hermano tienen un predio en el corregimiento de Choles, en zona rural de la capital de La Guajira, donde albergan a sus animales.   Según cuentan, en 3 ocasiones distintas les decomisaron sus bovinos cuando eran transportados por carretera, los días 6 y 22 de junio de este año. (Lea: Nadie responde por la finca que guarda ganado incautado de Venezuela)   “En un retén de la Polfa, bajaron los animales, argumentando que eran de origen venezolano. Se les dijo que si podían contactar al Ica para confirmar que el ganado era colombiano y estaba identificado, para que vieran que no eran de contrabando”, explicó Borrego.   De acuerdo con María Aurora Sabino Fajardo, abogada de la Universidad de Cartagena y apoderada de los hermanos Borrego, fueron aprehendidos 48 semovientes avaluados en más de $60 millones a pesar de que tenían sus documentos en regla, entre ellos la guía de movilización expedida en el ICA.   “Incluso uno de los camiones tenía el sello de precinto, lo que le obligaba a las autoridades a respetar este sello y solo podía ser roto o desprendido del carro transportador hasta llegar a su destino y significaba que las reses habían sido embarcadas ante la presencia de un funcionario del ICA”, añadió la abogada.   Señaló que se trató de un “abuso de autoridad” y que los miembros de la Polfa no conocían la norma, pues ignoraron todos los documentos presentados por el transportador. (Entrevista: Estas son las acciones de la Polfa para frenar contrabando de ganado y carne)   Estas son las guías de movilización que hacen parte de las pruebas en los procesos adelantados por los hermanos Borrego. Foto: Cortesía   Por esta razón, interpuso 3 procesos contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Dian, además de enviar copias a otras instancias como la Fiscalía General y la Procuraduría, así como al nivel central del ICA y a Corpoguajira.   Estos hechos se presentaron días antes de la crisis provocada por el primer foco de fiebre aftosa que ocurrió en Tame, Arauca, que fue reportado el 24 de junio. Debido a esta situación, el ICA expidió la resolución No. 7989 de 2017 para reforzar los controles en carretera, y que determina que los animales que sean movilizados sin licencia serán sacrificados de manera inmediata.   En los procesos, la abogada añadió copias de las guías, al igual que un documento donde consta una inspección sanitaria de la entidad donde asegura que los bovinos no evidenciaban signos clínicos de la aftosa. (Lea: Incautaciones de carne, leche y ganado superan los $730 millones)   Sin embargo, fueron llevados al predio de propiedad del señor Roberto Guillot, quien tiene un contrato para guardar a los animales incautados por la Polfa. En este predio fueron sacrificadas, a pesar de que la resolución del ICA dice que el sacrificio “será en la planta de beneficio más cercana y no en el mismo sitio de almacenamiento”, como dijo Sabino.   Esta finca fue contratada por la Unión de Servicios Temporales Logísticos 3A, que obtuvo un contrato a nivel nacional por más de $80 mil millones para almacenar todas las mercancías confiscadas por la Dian.     Así como el vecino del predio, el señor Cornelio Hernández, ha denunciado irregularidades y maltrato animal, la apoderada también señaló que el sitio no era adecuado. (Lea: Denuncian fallas en predio que guarda ganado incautado de Venezuela)   “Esa finca para mí no reúne las condiciones para almacenar 400 a 500 cabezas de ganado. Además de bovinos, hay porcinos, y al llenarse sacrifican las reses. Eso es cada rato y nadie dice nada, como si fuera un matadero clandestino”, apuntó Sabino.   CONtexto ganadero intentó comunicarse con Jaime Aragón, gerente de la seccional del ICA en La Guajira, pero hasta el momento de publicación de la nota no se pudo establecer contacto. Por lo pronto, las denuncias ya fueron interpuestas.