Nadie responde por la finca que guarda ganado incautado de Venezuela

Ha pasado un mes desde que CONtexto ganadero dio a conocer las denuncias de ganaderos de Riohacha, La Guajira, sobre el estado del predio y la forma cómo se guardan los bovinos. A pesar del reclamo de los productores afectados, ninguna autoridad quiere responder.   A finales de julio, Cornelio Hernández, propietario de la ganadería Agropecuaria El Porvenir, señaló que su ganado estaba en riesgo, porque el predio contiguo al suyo estaba siendo destinado para guardar animales aprehendidos en las carreteras, incluidos aquellos provenientes de Venezuela.   En medio de la emergencia sanitaria desatada por los focos de fiebre aftosa, el productor expresó su temor por la posibilidad de que los ejemplares decomisados que llegaban a ese predio pudieran portar algún virus. (Lea: Denuncian fallas en predio que guarda ganado incautado de Venezuela)   Esto se debe a que los bovinos de El Porvenir son de altísima calidad, pues se trata de ejemplares Simbrah hijos de toros Simmental alemanes, austríacos y estadounidenses. El que menos cuesta tiene un valor aproximado de $6 millones.   Hernández viene denunciando estos hechos desde principios de año, cuando advirtió el ingreso de camiones con bovinos incautados. Su alarma aumentó cuando se percató de la forma cómo estaban guardando a los animales, porque no los alimentaban de forma adecuada y los dejaban morir en los potreros.   “Se han muerto animales y esa osamenta hasta hace poco la recogieron. No se sabe las causas, si fue por falta de comida o por otra cosa, hasta el momento son desconocidas”, declaró. (Lea: Kilo de ganado en pie se consigue a $850 en la frontera con Venezuela)   Para remediar esta situación, el productor hizo los reclamos en varias reuniones con la Asociación de Ganaderos de La Guajira, Asogagua, funcionarios de la Gobernación, la seccional del ICA, el Invima y la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa.   Sin embargo, ninguna entidad ha querido responder o aliviar la situación de Hernández y de sus vecinos, que cada día se hace más crítica, pues debido a los recientes focos de aftosa, algunos de los bovinos confiscados fueron sacrificados sin aplicar las medidas sanitarias adecuadas.   “El ICA y la Polfa se descargan en la Dian porque dicen que son ellos los que determinan el uso de la finca como depósito y si los animales son de procedencia colombiana o venezolana, pero el director de la DIAN nunca va a las reuniones”, dijo Hernández.   Aunque este medio no recibió una respuesta formal, un funcionario de la entidad señaló que “nos limitamos a cumplir las directrices establecidas por el Ministerio de Agricultura en relación con el ganado de contrabando”. (Informe: El lucrativo negocio del contrabando de carne y leche de Venezuela)   CONtexto ganadero tuvo acceso a una respuesta de la seccional de la Dian en Riohacha donde sostiene que la entidad elaboró un contrato a nivel nacional con la Unión Temporal de Servicios Logísticos 3A, antes representada por Luis Carlos Arango Sorzano y hoy por Martha Lucy López Laitón, integrada por las sociedades Almaviva S.A., Almaviva Global Cargo SAS, Almagrario SA, Red Integradora SAS, Alpopular S.A. y Aladdin Cargo SAS.   El contrato 100206217-206-2015 fue firmado el 30 de octubre de 2015 por un valor de más de $80 mil 558 millones con el fin de gestionar las mercancías decomisadas por la Dian. Este acuerdo tiene una duración de 31 meses hasta julio de 2018.   En informes elaborados por la seccional de Riohacha, se encontraron varios incumplimientos de la empresa en el almacenamiento de vehículos, por lo cual la Unión Temporal y su garante Ace Seguros S.A. (hoy Chubb Seguros Colombia S.A.) fueron multadas por más de $94 millones.   En cambio, sobre las denuncias de los bovinos decomisados, la Dian respondió que de acuerdo a los informes de la Unión Temporal, los animales están bien resguardados y cuentan con suficiente alimento. (Entrevista: Estas son las acciones de la Polfa para frenar contrabando de ganado y carne)   Esto va en contravía de las fotos y los testimonios aportados por los ganaderos, quienes han visto cómo las reses confiscadas están en lamentables condiciones. Además, otro ganadero se quejó de que el propietario, el señor Roberto Guillot, ha recibido elevados réditos, pues le pagan $25 mil por animal por cada día que los tenga en su finca.   Por esta razón, todos los ganaderos afectados reclaman una investigación formal para establecer si el predio representa una amenaza sanitaria para sus vecinos, y si se están llevando a cabo los controles necesarios para el depósito y el sacrificio de los bovinos aprehendidos.