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Foto: elcampesino.co

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¿Quién le responde a ganaderos de Yacopí y Caparrapí afectados por aftosa?

Por - 13 de Abril 2018

El drama para los productores afectados con el brote de fiebre aftosa en julio del año pasado aún no termina, pues aún quedan muchas familias que no han recibido la compensación por sus bovinos sacrificados prometida por el Ministerio de Agricultura.


El drama para los productores aados con el brote de fiebre aftosa en julio del año pasado aún no termina, pues aún quedan muchas familias que no han recibido la compensación por sus bovinos sacrificados prometida por el Ministerio de Agricultura.   Han pasado 9 meses desde que ocurrió el brote en una finca de Yacopí, Cundinamarca, en una vereda contigua a Caparrapí, que obligó al sacrificio de más de 3.000 reses para evitar la propagación del virus. (Lea: Continúa el drama de los ganaderos de Yacopí)   Para superar la crisis, el ministro de Agricultura de ese entonces, Aurelio Iragorri, prometió pagar los animales sacrificados al precio de la última subasta en un plazo máximo de 5 días, pero hasta el momento no todos los productores han sido compensados.   Así lo denunció Antonio Ardila, uno de los ganaderos perjudicados por el brote, quien contó la grave situación que están viviendo sus compañeros cuya única fuente de ingresos eran los bovinos que criaban en sus fincas. Si bien a él ya le pagaron, hay alrededor de 50 familias que aún no han recibido la compensación.   “Son 9 meses que las fincas están improductivas, no han pagado la totalidad de los ganados. La gente está aguantando hambre, ya no nos fían más en las tiendas de graneros”, comentó el productor. (Lea: Ganaderos piden pago inmediato de bovinos sacrificados)   Es el caso de Diana Serrato, propietaria de una finca en la vereda La Miel en Caparrapí, que no volvió a su predio desde que se presentó el brote y le sacrificaron 196 reses. Hasta el día de hoy, denunció que no le explicaron por qué debían ejecutar a los animales ni tampoco ayuda psicológica para hacer frente a la pérdida.   “Nos dijeron que el ganado nos lo cancelaban a los 5 días, eso lo dijo el Dr. Yesid Jiménez, del Ministerio de Agricultura, que dejáramos matar a los ganados, que nos iban a indemnizar. No tuvimos apoyo psicológico ni ayuda de nadie. Ya no podemos entrar a la finca”, señaló.   Lo mismo le sucedió a José Norbey Escobar, de la vereda Las Palmas, en Yacopí. A él le sacrificaron 147 bovinos, de los cuales solo le han compensado poco más de 20. La razón es que estos eran los únicos que estaban en el Registro Único de Vacunación, RUV.   “El Dr. Juan Andrés Angulo (subgerente de Protección Animal del ICA) nos dijo que ellos no podían pagar sino lo que contaba con el RUV, y para el resto de los animales, el Ministerio tenía que responder”, comentó. (Lea: Iragorri se va sin haber cumplido indemnización a ganaderos)     Según Ardila, tanto el exministro Iragorri como el funcionario Yesid Jiménez les aseguraron que todos los ejemplares sacrificados serían compensados, sin importar si tenían RUV o no. Esto se debe a que muchos ganaderos no vacunaban sus reses por falta de información o porque los vacunadores no llegaban a esta zona de difícil acceso.   Sin animales para producir, los productores afectados han tenido que recurrir a familiares y amigos para sostenerse. En una ocasión, fueron beneficiarios de unos mercados donados por la caja de compensación Compensar, la única entidad que les ha brindado ayuda, dicen.   De hecho, Ardila había desistido de su lucha porque no encontraba respuesta del Gobierno, pero en una reunión organizada por la Gobernación de Cundinamarca, resolvió denunciar este caso grabando videos y enviándolos a los canales RCN y Caracol, para las secciones Cazanoticias y El periodista soy yo.   También apelaron a las vías legales. Ya mandaron un derecho de petición para saber si los van a compensar, pues entre el Ministerio ni el ICA ni la Cuenta Nacional de Carne y Leche, CNCL, se pasan la pelota sin responder por el caso. Asimismo, están evaluando la posibilidad de entablar una demanda colectiva o instaurar una acción de tutela.   “Ya tenemos una asociación, en estos días le vamos a sacar Cámara de Comercio para tener personería jurídica y ayudar a los afectados, a ver qué se puede hacer”, concluyó Ardila.