La falta de garantías impide a ganaderos acceder al crédito de fomento

Por: 
CONtexto ganadero
18 de Mayo 2021
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La falta de garantías es un problema para que muchos ganaderos puedan acceder al crédito de fomento, según revela un estudio. Foto: eluniversal.com.co - elcolombiano.com

La estructura del esquema de financiación de fomento en Colombia para la ganadería excluye al 64 % de los productores, según un trabajo de Climate Advisers y la Fundación Natura.

 

La razón que sustenta dicha conclusión es que los bancos intermediarios son los que realizan los procesos de aprobación siguiendo criterios de análisis financiero basado en las garantías reales ofrecidas por el productor.

 

Esto indica claramente un reto para ampliación de cobertura, supeditado a resolver un problema más estructural aún, como la tenencia de tierra en el agro colombiano, señala el informe.

 

El trabajo señala que con base en las entrevistas realizadas se advierte una práctica generalizada en el sector ganadero para acceder a financiación, que consiste en acceder a líneas de libre inversión de las entidades de crédito, que si bien son más costosas financieramente, no exigen requisitos de garantías reales y dependen más de la relación cliente – banco, con alta discrecionalidad local.  (Lea: Líneas de crédito con tasas de 0 a 4 por ciento)

 

Los productores solventes suelen acceder a financiación a través de líneas comerciales de libre inversión debido a las relaciones particulares con sus respectivos bancos, y los no solventes, suelen acceder a financiación por fuera del sistema financiero, lo cual suele ser más costoso y de difícil seguimiento.

 

Así mismo se encontró que la financiación de fomento para la ganadería actualmente se enfoca en departamentos con bajas tasas de deforestación (sin ser una relación causal). También, que las condiciones de productividad en la ganadería, especialmente de carne, son significativamente bajas en las regiones donde hay más deforestación.

 

Las líneas de crédito exclusivas para la ganadería son aquellas ofrecidas con recursos públicos a través de Finagro, mientras que las de los bancos privados para esta actividad son las que fondean con los recursos de Finagro, complementando el porcentaje no redescontado con recursos propios de la entidad crediticia.

 

Por su parte las líneas de crédito de los bancos privados con recursos propios en su totalidad no están dirigidas exclusivamente a ganadería, sino que son de libre inversión, que dependen enteramente de la solvencia del cliente bancario, o bien a créditos de inversión donde las características del proyecto (viabilidad financiera) y la solvencia del cliente, son criterios determinantes. En ambos casos los bancos privados exigen garantías reales como respaldo de los créditos. Estas garantías provienen del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) que con recursos públicos avala parte de los recursos del crédito, y el resto con garantías generalmente respaldadas con las tierras, mediante hipotecas o pignoración.

 

Si bien todos los bancos pueden realizar operaciones de redescuento con Finagro, con relación al sector ganadero se destacan dos entidades de crédito que tienen presencia en todo el territorio nacional y que cuentan con líneas específicas para ganadería como son el Banco Agrario y Bancolombia. (Lea: Bancolombia crea líneas de crédito para ganaderos sostenibles)

 

Como banco comercial, es el primero en ofrecer una línea especializada en ganadería sostenible, el cual busca incentivar entre sus clientes las buenas prácticas que respeten áreas de bosques y cuerpos de agua, con incentivos de tasa reducida si cumple estas condiciones, las cuales son monitoreadas por el propio banco.

 

En el caso de la cadena láctea, existen experiencias de Bancolombia, en las que las grandes empresas o cooperativas que envasan o transforman leche, son clientes corporativos del banco, por lo que llegan a acuerdos de avalar créditos para sus proveedores, que son productores que no cumplen por sí solos las condiciones de acceso al crédito del banco o sus líneas de redescuento con Finagro. En el caso de la cadena cárnica, no se ha evidenciado la existencia de esta opción.

 

En el este caso, los bancos exigen garantías reales normalmente mediante hipotecas sobre las tierras, por lo que gran parte de los pequeños ganaderos de esta cadena no acceden a este tipo de financiación.

 

De otro lado, hay avances en la incorporación de prácticas que buscan frenar el cambio de cobertura/uso de la tierra para los recursos de fomento gestionados por Finagro, por ejemplo el acceso a crédito para actividades productivas está condicionado a que estas no se desarrollen en áreas que la UPRA defina como no aptas.

 

Se destacan esfuerzos públicos y privados a nivel nacional para promover la transformación productiva hacia una ganadería sostenible, como la Mesa de trabajo del sector, en la que ya hace presencia un banco comercial como es el caso de Bancolombia que adoptó algunos principios de sostenibilidad para generar incentivos vía reducción de tasa en los créditos. (Lea: Estrategias para beneficiar financieramente a pequeños y medianos productores)

 

Entre las recomendaciones del trabajo está que para garantizar la sostenibilidad de la ganadería colombiana es necesario asegurar el incremento de cobertura de acceso al crédito bancario mediante, por ejemplo, condicionamientos contractuales de desempeño ambiental, aún en las operaciones financieras realizadas con recursos propios de los bancos comerciales.

 

Igualmente, promover una política de fomento de la ganadería, zonificada en función de las aptitudes regionales, es decir, utilizando criterios de productividad mínima para determinar elegibilidad de regiones (o departamentos).

 

También considera que el sector financiero podría contribuir a desincentivar la presencia de ganadería por fuera de la frontera agrícola, mediante legislación que equipare esta actividad a otras actividades ilícitas como el lavado de activos, que los bancos están obligados a monitorear y reportar a las autoridades.

 

Además, se recomienda la integración de esfuerzos entre entidades del sector financiero y aquellas de carácter ambiental, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, para monitorear el desempeño ambiental de ganaderos que puedan estar llevando su actividad a frentes activos de deforestación.