Sin mayor debate el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú

Una vez más la aplanadora del gobierno en el Congreso se impuso y sin mayor debate se aprobó el Acuerdo de Escazú sin medir las consecuencias que desde diversos sectores se presentaron.

En total fueron 120 votos aprobando la iniciativa y ninguno en contra porque los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron del recinto al ver que no había espacio para la discusión.

"Se está violando la ley", dijeron los voceros de los partidos, pues considera que el debate no comenzó a la hora indicada. Su retiro se da luego de que se hundió la ponencia negativa y no se llegó a un acuerdo para aplazar la discusión.

Después de la aprobación el proyecto pasa a conciliación y después a sanción presidencial para que Colombia se una al grupo de países que ya ratificaron dicho acuerdo.

Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen para determinar si es acorde a los mandatos de la Constitución. Y aunque su ratificación se dio este lunes, el pasado 22 de agosto, el Ministerio de Ambiente ya había anunciado la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú, dando por hecho que se iba a aprobar. (Lea: Partidarios del Acuerdo de Escazú pasan por encima de las inquietudes sin resolver)

Con su aprobación y ratificación, Colombia avanza en la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo, señaló el Ministerio de Ambiente.

En ese sentido, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, señaló que una vez sea sancionado por el Jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo: Política de Manejo de Información Ambiental; estrategia de acompañamiento a defensores ambientales; ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales; apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas; y, sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

En cuanto a la implementación, Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, citado por el diario El Espectador explicó que cada país debe implementar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su aparato institucional y susconflictos ambientales.

Tras la ratificación están previstas unas mesas de diálogo para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.

Uno de los “peros” por parte de los sectores políticos que se oponían al Acuerdo es que alertaban que Colombia podría perder su soberanía como Estado. Según afirmó en su momento la senadora María Fernanda Cabal, “la soberanía de Colombia estaría en riesgo con Escazúporque, cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”. (Lea: Pese a objeciones, Acuerdo de Escazú se sigue abriendo paso en el Congreso)

También en su momento la ANDI indicó que "se nos exigirá la creación de nuevos órganos institucionales para dar respuesta a las exigencias del tratado, desconociendo la actual estructura estatal. Además, los problemas propios en materia ambiental que tenemos actualmente deben ser resueltos internamente con la apertura de un diálogo que permita el fortalecimiento de las instituciones ya existentes”.

Igualmente, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), llamó la atención antes de la aprobación sobre el efecto que esto tendría en la producción alimentaria. "La autoridad ambiental en el país se ha vuelto una barrera a la producción, no genera una iniciativa y un puente para que los productores puedan cambiar sus buenas prácticas y acoger una producción más sostenible. Se le da mucha importancia al Acuerdo de Escazú, pero desde la SAC lo que se quiere es que se revise la aplicación de la ley ambiental en Colombia, se le debe garantizar a los agricultores un entorno para la producción rentable y sostenible, que las leyes ambientales sean claras".

Así mismo, en un documento que presentó la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) en sendas audiencias que se hicieron en el Congreso de la República, se indica que este Acuerdo tendría un impacto sobre los compromisos internacionales de Colombia en relación con los acuerdos comerciales y los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Uno de los grandes riesgos es la posibilidad de ser demandados en tribunales internacionales por la violación a acuerdos como el de la OMC o los tratados de libre comercio, ya que el Acuerdo de Escazú incorpora algunas normas que son contrarias a los tratados que ya ha establecido nuestro país”, señala el documento de AmCham Colombia.

Agrega que podría generar incertidumbre jurídica para la inversión extranjera en el país, ya que establece una serie de disposiciones sobre etiquetado, certificaciones, modificaciones a los reglamentos técnicos, estándares de calidad y embalaje, que van en contravía de los compromisos comerciales de Colombia, derivando en controversias ante la OMC por el sentido discriminatorio de estas obligaciones. (Lea: ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a la ganadería?)

Otro de los riesgos que encuentra AmCham Colombia en el Acuerdo está relacionado con la accesibilidad a la información ambiental, en donde el país podría incurrir en la violación de los derechos de propiedad intelectual ya que, “establece una obligación de disponibilidad de la información ambiental que puede comprometer los planes, inversiones y presupuestos, en detrimento de la libertad de empresas y de los secretos industriales de las mismas en el país”.

Por otro lado, añade AmCham, la redacción del Acuerdo conduce a la ambigüedad en la interpretación normativa y la ausencia de criterios orientadores para esta interpretación pueden derivar en foros de conveniencia, en donde las controversias que surjan en relación con este tratado, en contra del Estado colombiano, pueden llevarse a una jurisdicción más favorable para garantizar los derechos de acceso del Acuerdo de Escazú.

A su vez el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas, Carlos Augusto Chacón, manifestó en su momento la preocupación por algunos puntos que fueron incluidos en dicho Acuerdo y aseguró la mayor inquietud radicaba en los altos riesgos de incertidumbre jurídica que se generarán al ceder competencias soberanas a organizaciones en su mayoría internacionales.

"No es necesario ceder competencias soberanas a unas organizaciones que se van a crear en el marco de Escazú, sobre las cuales el Estado colombiano no tendría ningún tipo de control político o fiscal, como pasa con la mayoría de los organismos internacionales que hoy en día no hay quien los controle. Van a poder emitir una serie de pronunciamientos activados por ONG que pueden ser de papel, poniendo en riesgo muchas cosas", advirtió.

¿Cuál es el interés de la izquierda en hacer ratificar, como sea, el acuerdo de Escazú, a pesar de sus evidentes inconveniencias para el desarrollo y la soberanía jurídica del país, como lo ha manifestado reiteradamente el Consejo Gremial Nacional?, se preguntó el presidente ejecutivo de Fedegán en su columna del 20 de mayo de este año.  (Lea:Otra vez Escazú)

Y argumentó que elY, a manera de conclusión señaló que el pAcuerdo representaría “una cesión de competencias soberanas en materia de acceso y administración de justicia, sin que existan claros límites a las jurisdicciones internacionales para conocer y resolver controversias sobre asuntos ambientales…”. En efecto, el Acuerdo activaría, en estos temas, a la CIDH y, con competencia preferente, a ¡la Corte Internacional de Justicia!, la misma que falló a favor del sátrapa nicaragüense y nos arrebató una gran tajada de mar territorial.     Para el progresismo, obsesionado con “democratizar” la tierra, Escazú sería también una herramienta adicional a la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, para arrebatarle a sus legítimos propietarios la que consideran “improductiva”, con la dedicada a ganadería en primer lugar.  

Por su parte, los defensores del Acuerdo señalan que en esencia se convierte en la herramienta para la protección del medioambiente y los derechos humanos, no solo busca garantizar el acceso a la información y la participación pública, sino también posibilita mayor acceso a la justicia en la materia convirtiéndose en un herramienta esencial para la protección de líderes sociales.

Hasta la fecha el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile yColombia.