Pequeños productores rurales se benefician del “borrón y cuenta nueva”

Los campesinos que tengan reportes por créditos agropecuarios inferiores a 10 salarios mínimos ($9.800.000) podrán solicitar que se suspenda el reporte negativo hasta por 6 meses.

Así quedó establecido en el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva que está en conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, luego de ser revisado por la Corte Constitucional ya que se trata de una reforma a ley estatutaria de Habeas Data y finalmente pasaría a sanción presidencial.

De esta manera, los pequeños productores agropecuarios que cuenten con algún tipo de castigo financiero por el no pago de sus obligaciones, podrán recuperar su vida crediticia una vez cancele su deuda con el banco. (Lea: Conozca las nuevas condiciones de las líneas especiales de crédito para ganaderos)

Según el representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, los productores rurales “tendrán acceso inmediato al crédito. Pueden tener la oportunidad nuevamente de hacer una solicitud ante cualquier entidad financiera para buscar mejores tasas de interés, asegurar mejor el manejo de sus recursos, pero sobre todo seguir reactivando el campo colombiano”

El texto de la iniciativa establece que la amnistía será por un año y no por seis meses como se había aprobado en el Senado. La norma además beneficiará a quienes ya habían pagado sus deudas con anterioridad a la ley. La ampliación del tiempo de la amnistía se dio como una ayuda a los colombianos que se han visto afectados en sus ingresos y respectivos pagos con el sistema financiero por el coronavirus.

Por otra parte, se incluyó también un artículo que señala que aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria y hasta el 31 de diciembre de 2020, no serán incluidas en los Bancos de Datos en este mismo período, siempre y cuando los titulares de la obligación se acerquen a las entidades en busca de una reestructuración. (Lea: Pautas para reinvertar el sistema nacional de crédito agropecuario)

Allí se indica que si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15 % del salario mínimo (menos de $131.670), recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’.

El proyecto determina que a partir de la entrada en vigencia de la ley, los operadores de datos (las centrales de datos), tendrán tres meses para eliminar los reportes negativos de quienes sean titulares de obligaciones que hayan superado los diez años contados a partir de la fecha de reporte de incumplimiento informada por el usuario.

La norma determina que las fuentes de información deberán reportar al operador, como mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que este los actualice en el menor tiempo posible. (Lea: Estas son las medidas financieras en tiempos del COVID-19)

Con respecto a la suplantación de la identidad de las personas, la ley especifica que la persona que haya sido víctima de esa situación puede presentar una solicitud por escrito al banco, establecimiento de comercio o empresa de telefonía móvil, indicando que le suplantaron, aportando los documentos que tenga de prueba. El establecimiento tiene un plazo de 15 días de estudiarlo y así se reporta a la Central de Riesgo que la persona ha sido víctima de suplantación.

También exige que las entidades financieras justifiquen al usuario por qué le niegan un crédito y, por ninguna razón, lo podrán denegar solamente por el análisis del historial crediticio, como la prohibición del uso del historial crediticio para la toma de decisiones laborales de contratación (salvo en casos en el sector financiero o cooperativo).

No hay consenso

No obstante, el Consejo Gremial, donde tienen asiento gremios como la SAC y Asocaña, se pronunció en contra de este proyecto y a través de un comunicado manifestó que “eliminar dicha información podría conducir a una inadecuada colocación del ahorro del público, al deterioro de la calidad de la cartera de las empresas y al fomento de la cultura del no pago”.

Según lo explicaron, si se llegase a aplicar la ley las entidades financieras se verían forzadas a tomar decisiones de crédito con información incompleta, por lo que las llevaría a endurecer sus políticas de riesgo, afectando a la población más vulnerable, ya que es en su historial crediticio donde se encuentra su mejor activo frente a sus acreedores. (Lea: 5 trabas frecuentes al solicitar un crédito en el sector agropecuario)

Esto encarecería la adquisición de créditos de muchos ciudadanos y pequeñas empresas, ya que pueden acceder a estos préstamos debido a su buen comportamiento y eso no se revelaría si se aplicara ese “borrón y cuenta nueva”.

Así mismo, para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), la eliminación del historial crediticio de los consumidores del sistema afectará el historial reputacional de los usuarios, situación que generará mayores riesgos a la hora del otorgamiento de créditos y, por ende, endurecimiento de los requisitos que solicitan para ello.

El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, advirtió que otra de las consecuencias de la medida es que, ante mayores riesgos, se eleva la posibilidad de aumento en las tasas de interés por parte de los bancos y uno de los segmentos con mayor golpe será el de las microfinanzas.

“En la medida en que haya menos información de los deudores en el mercado de crédito se genera un problema para la banca porque no se pude medir el riesgo correctamente y eso genera un alza en las tasas de interés. El tipo de asimetría en la información es perjudicial para los mercados de crédito. El fenómeno se agrava porque, en la medida en que suben las tasas de interés, los deudores con mejores hábitos de pago van desistiendo de los créditos, lo que se denomina selección adversa”, dijo.